¿Quién puede pedir cuentas a al Shara? El Tribunal Constitucional de Siria y el presidente que lo nombró

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El artículo 47 de la Declaración Constitucional de 13 de marzo de 2025 disolvió el tribunal existente y dispone: «El Tribunal Constitucional Supremo está integrado por siete miembros nombrados por el presidente de la República entre personas de integridad, competencia y experiencia. Su mecanismo de funcionamiento y sus competencias se regulan por ley». ¹

• El presidente nombra a los siete miembros; el texto no otorga ningún papel a la Asamblea Popular, al Consejo Judicial Supremo ni a ningún colegio profesional. ¹
• La declaración no fija ningún mandato para los jueces ni ninguna norma sobre cómo pueden ser destituidos. ^{1 2}
• El presidente del tribunal es una de las dos personas a las que el jefe del Estado debe consultar antes de declarar el estado de emergencia (artículo 41). ¹
• La declaración establece que el poder judicial es independiente y que los jueces solo están sometidos a la ley (artículo 43). ¹

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El 5 de julio de 2026, dieciséis meses después de la disolución del antiguo tribunal, al Shara firmó el Decreto n.º 149 de 2026, publicado el 7 de julio. En él nombra a Isam Jaled al Jalif presidente del tribunal y a seis miembros: los jueces Jairallah Nadim Ganum, Mohamed Mustafa Sbei e Iman Antoine Nuri, los académicos Ismail Hamadi al Jalfan y Rian Hasan Kuhailan, y el abogado Aref Ahmad al Shaal. ^{3 4}

Según el artículo 3 del decreto, los jueces prestan juramento «ante el presidente de la República»: «Juro por Dios Todopoderoso respetar la Declaración Constitucional y cumplir mi deber con honradez y sinceridad». Lo hicieron el 11 de julio de 2026 en el Palacio del Pueblo de Damasco, ante al Shara. ^{3 5}

Hasta que se promulgue una ley sobre el tribunal, el artículo 4 del decreto le encomienda cuatro funciones:

• controlar la constitucionalidad de las leyes y los reglamentos;
• emitir dictámenes sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley, solo a petición del presidente de la República;
• emitir dictámenes sobre las proposiciones de ley, a petición del presidente de la República o del presidente de la Asamblea Popular;
• interpretar la Declaración Constitucional, a petición del presidente de la República o del presidente de la Asamblea Popular. ³

El decreto no dice quién puede impugnar una ley y no prevé ninguna vía para que los ciudadanos, los tribunales ordinarios o un grupo de diputados lleven un asunto ante el tribunal. Tampoco fija ningún mandato. En la fecha de su publicación no se había promulgado la ley que debe regular el tribunal; en su primera reunión, el 19 de julio, el tribunal debatió un proyecto. ^{3 6 2}

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• Isam al Jalif, presidente del tribunal: su trayectoria publicada incluye cargos administrativos, legislativos y de control en el Gobierno de Salvación —la administración que gobernó Idlib bajo Hayat Tahrir al Sham, que dirigía al Shara— y después en la nueva administración. El medio de análisis político Souria al Ghad no encontró ningún servicio judicial publicado ni experiencia documentada en justicia constitucional. ⁶
• Ismail al Jalfan y Rian Kuhailan fueron dos de los siete miembros del comité que redactó la Declaración Constitucional en marzo de 2025, el texto que ahora debe interpretar el tribunal. ^{7 6}
• Jairallah Ganum tiene una trayectoria judicial en tribunales creados en zonas controladas por la oposición; Iman Nuri ha ejercido en el Tribunal de Casación de Damasco; no se encontró ninguna biografía profesional publicada de Mohamed Sbei. ⁶
• Aref al Shaal es un abogado cuya trayectoria pública incluye la oposición política al Gobierno de Asad. ⁶

La Presidencia publicó los nombres y los cargos sin explicar por qué se eligió a cada miembro. ⁶ No tenemos ninguna prueba de cómo ha resuelto o resolverá ningún juez concreto; lo que sigue se refiere a la estructura del tribunal, no a la integridad de sus miembros.

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La Declaración Constitucional no contiene ningún artículo sobre la responsabilidad jurídica del presidente. No otorga a la Asamblea Popular ninguna facultad para acusarlo, juzgarlo o destituirlo, ni atribuye al Tribunal Constitucional competencia para juzgarlo. La única disposición sobre el fin de una presidencia es el artículo 34: «en caso de vacancia de la presidencia, el vicepresidente primero asume las competencias del presidente de la República»; y los vicepresidentes son nombrados y cesados por el presidente. ¹

En la práctica, esto significa que:

• si se considera que un acto presidencial vulnera la declaración, solo el propio presidente o el presidente de la Asamblea pueden pedir al tribunal que interprete la declaración; ³
• un tercio de la Asamblea es nombrado por el presidente, y una ley a la que él se oponga necesita una mayoría de dos tercios para aprobarse (artículos 24 y 39); ¹
• los jueces que tendrían que pronunciarse fueron todos elegidos por el presidente, prestaron juramento ante él y no tienen, en ningún texto publicado, un mandato fijo ni protección frente a la destitución; ^{1 3}
• la ley que definirá las competencias del tribunal debe ser aprobada por una Asamblea cuyo tercio de miembros nombró él, y él puede oponerse a ella. ¹

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Con la Constitución de 2012, el presidente también nombraba a los miembros del tribunal constitucional (artículo 141). Pero el texto les otorgaba un mandato de cuatro años (artículo 143) y establecía que no podían ser destituidos salvo conforme a la ley (artículo 144). Prestaban juramento ante el presidente «y en presencia del presidente de la Asamblea Popular», comprometiéndose a cumplir su deber «con imparcialidad y honradez» (artículo 145). Una quinta parte de la Asamblea podía impugnar una ley o un decreto legislativo ante el tribunal, y una parte en un proceso podía alegar ante los tribunales la inconstitucionalidad de una ley (artículo 147). El artículo 117 permitía a la Asamblea, por una mayoría de dos tercios, acusar al presidente de alta traición, y este debía ser juzgado «ante el Tribunal Constitucional Supremo». ⁸

Estas garantías solo existían sobre el papel. En 2022, Sirios por la Verdad y la Justicia (STJ) concluyó que el nombramiento presidencial había dado al tribunal de Asad una mera «independencia formal» y lo había convertido en «una herramienta en manos del presidente de la República». ⁹ La declaración de 2025 y el Decreto 149 mantienen el nombramiento presidencial y suprimen el mandato, la protección frente a la destitución, la impugnación parlamentaria y el procedimiento por traición. ^{1 3}