La convocatoria de admisión universitaria de Siria para 2026-2027, firmada por el ministro de Educación Superior, Marwan al Halabi, recoge Derecho, Ciencias Sociales y Administración en la nueva universidad de defensa, los programas de ciencias de la seguridad y varios institutos técnicos como abiertos solo a hombres. Lo que muestran los documentos oficiales, qué ha cambiado respecto al año pasado y qué han dicho los responsables.
En enero de 2026, un comité gubernamental cerró un acuerdo con Mohamed Hamsho, un empresario que sigue sancionado por Estados Unidos, el Reino Unido y la UE por sus vínculos con el Gobierno de Asad. Qué contenía el acuerdo, quién se opuso y cómo se ha perseguido desde entonces a críticos de empresarios poderosos en virtud de leyes de la época de Asad.
Las nuevas autoridades sirias financian la reconstrucción a través de inversores. En el este de Damasco se pide a los propietarios que cedan la mitad de su terreno; al oeste de la capital, proyectos con respaldo saudí se levantan sobre tierras expropiadas hace décadas. Lo que muestran los vecinos, los responsables y los registros.
Desde finales de 2024, familias desplazadas de aldeas de mayoría alauí del norte de Hama se han visto presionadas a firmar contratos de «inversión» sobre sus plantaciones de pistachos y olivares a través de Iktifaa, una empresa fundada en Idlib. Lo que documentaron ARIJ, Middle East Eye y Sirios por la Verdad y la Justicia, los altos cargos vinculados a la empresa y sus respuestas.
Al menos 1707 personas, en su mayoría drusas, murieron en la gobernación de Sueida en julio de 2025. La Comisión de Investigación de la ONU y Amnistía Internacional documentaron ejecuciones de civiles a manos de miembros de fuerzas gubernamentales dependientes de los ministerios de Defensa e Interior, así como abusos de combatientes tribales y de grupos armados drusos. Lo que dijeron ambos ministerios y en qué punto está la rendición de cuentas.
Desde principios de 2025, decenas de mujeres y niñas, en su mayoría alauíes, han sido secuestradas en el oeste y el centro de Siria. Los investigadores de la ONU documentaron violaciones sexuales, abusos sectarios e investigaciones ineficaces, con presiones a las familias para que guardaran silencio. El Ministerio del Interior, dirigido por Anas Jattab, afirma que casi ninguno de los casos denunciados fue un secuestro.
En julio y agosto de 2017, Hayat Tahrir al Sham, dirigida entonces por Ahmed al Shara, arrebató a facciones rivales la mayor parte de la provincia de Idlib. La Red Siria para los Derechos Humanos documentó asesinatos de civiles, detenciones arbitrarias y desapariciones, incitación contra activistas y asaltos a organizaciones humanitarias.
En mayo de 2025, Ahmed al Shara nombró a Abdul Rahim Atun, autoridad religiosa veterana del Frente al Nusra y de Hayat Tahrir al Sham, jefe de una oficina de asesoría religiosa en la Presidencia. Lo que está documentado sobre sus años junto a al Shara, la acusación sobre su papel en el «caso de los agentes» de HTS en 2024, lo que ha dicho y lo que sigue sin estar claro.
Tras un levantamiento armado de leales a Asad en la costa en marzo de 2025, murieron unas 1400 personas, en su mayoría civiles alauíes. Tres investigaciones comparadas, los juicios celebrados hasta ahora, las sanciones y lo que sigue sin estar claro.
Desde diciembre de 2024, familias alauíes de Damasco y de otros lugares se han visto obligadas a abandonar sus casas, a menudo por hombres armados que se identificaban como miembros de la Seguridad General. Lo que documentaron Reuters y la Comisión de Investigación de la ONU, la posición del Gobierno y lo que sigue sin estar claro.
